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DOCUMENTO CONPES 3292 DE 2004
El proceso de racionalización se ha venido adelantado, bajo la asesoría del DAFP, mediante el análisis de los procesos y procedimientos internos de las entidades, sin tener en cuenta las relaciones y efectos que inciden en otras instancias. De igual forma, estos programas han respondido a situaciones y actuaciones coyunturales lo que ha impedido tener en cuenta los criterios de los diferentes usuarios y los impactos sectoriales de la política pública. -
LEY 962 DE 2005
por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos;Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades oficiales, en aplicación del principio de colaboració;El envío de la información por fax o cualquier otro medio de transmisión electrónica. -
LEY 1151 DE 2007.
Objetivos del Plan de Desarrollo. A partir de los logros obtenidos durante el período 2002-2006 en seguridad, confianza, desarrollo económico y equidad social, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 tendrá como orientación básica consolidar y continuar las directrices del Plan 2002-2006 pero con particular énfasis y prioridad en dos objetivos fundamentales: Mantener el crecimiento económico alcanzado recientemente y complementarlo con una noción más amplia de desarrollo. -
DECRETO 1151 DE 2008
Objetivo de la Estrategia de Gobierno en Línea. El objetivo es contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. -
CIRCULAR 058 DE 2009
Por medio de la cual se exige a los funcionarios públicos adherirse al cumplimiento de las fases señaladas por la Estrategia de Gobierno en línea en el Decreto 1151 de 2008 y el Manual para su
implementación -
CIRCULAR 003 DE 2010
Por medio de la cual se incorpora la verificación del cumplimiento de las acciones señaladas por la
Estrategia de Gobierno en línea en el Decreto 1151 de 2008 y el Manual para su implementación. -
DECRETO 235 DE 2010
Los requerimientos de información que se hagan por entidades estatales en cumplimiento de una función administrativa o en ejercicio de una facultad legal, o por los particulares encargados de una función administrativa, a otras entidades del Estado, no constituyen solicitud de un servicio y, por ende, no generan costo alguno para la entidad solicitante; -
LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012
La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. -
DECRETO 2609 DE 2012
Las normas del presente decreto se aplicarán a cualquier tipo de información producida y/o recibida por las entidades públicas, sus dependencias y servidores públicos, y en general por cualquier persona que desarrolle actividades inherentes a la función de dicha entidad o que hayan sido delegados por esta, independientemente del soporte y medio de registro (análogo o digital) en que se produzcan, y que se conservan -
ACUERDO 005 DE 2013
Se establecen los criterios básicos paro la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas; Las entidades del Estado deben desarrollar procesos de descripción documental mediante la implementación de medios tecnológicos apropiados, interoperables y compatibles que permitan la visualización de los instrumentos de descripción a través de la Red Nacional de Archivos y los sistemas utilizados por el AGN. -
LEY 1712 DE 2014
El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.